La escalada de violencia en México ha alcanzado incluso a las zonas más pacíficas del país.

Nuevamente, Yucatán fue el estado más pacífico de México, seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo con los resultados del Índice de Paz México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Sin embargo, el año pasado estos cinco estados registraron un incremento en sus tasas de homicidios, lo que concuerda con la tendencia nacional.

De hecho, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo, presentaron un deterioro en sus calificaciones, lo que advierte la necesidad de poner en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales.

CALIFICACIÓN A LA BAJA

El IPM 2019 proporciona una medición integral de los niveles de paz en México.

En su sexta edición, el estudio indica que Tlaxcala cayó del segundo al tercer lugar, ya que su calificación general (1.390) tuvo un deterioro de 5%.

El año pasado el único indicador que mejoró fue cárcel sin sentencia, pues el número de personas en el estado privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria disminuyó de 237 a 213.

Los otros cuatro indicadores (homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego y crímenes de la delincuencia organizada) se deterioraron, sobre todo delitos con violencia, que aumentó 12% en 2018.

FOCOS DE ATENCIÓN

A nivel nacional, la tasa de violencia intrafamiliar creció 5.7% en 2018, luego de que 20 estados registraran alzas. Tlaxcala tuvo el mayor incremento relativo, de 484%, al pasar de cinco casos por cada 100,000 habitantes a 28.5.

También la violencia sexual aumentó 12.4% en 2018, y este resultado fueron consistente en 26 estados. Los mayores deterioros se presentaron en Tlaxcala y Ciudad de México, ya que sus tasas se incrementaron 177% y 64%, respectivamente.

En efecto, la tasa de violencia sexual casi se triplicó al pasar de 73.9 casos por cada 100,000 habitantes a 204.9.

A pesar de que las tasas de extorsión se redujeron en 87%, la tasa general de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 16%.

Ello se debió a un incremento en la tasa de delitos relacionados con narcóticos y en la tasa combinada de secuestro y trata de personas, que crecieron 106% y 56%, respectivamente.

Además, las tasas generales de violencia con armas de fuego y homicidios aumentaron más de 12%, de manera similar a la tendencia nacional.

Pese a estos incrementos, Tlaxcala registró la menor tasa de crímenes de la delincuencia organizada del país.

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Tlaxcala podría seguir el ejemplo de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019.

Sus gobiernos implementaron programas multisectoriales, orientados a atender los retos estatales específicos, mismos que conllevaron a la colaboración entre diversos actores: gobierno, sociedad civil y el sector privado.

En Baja California Sur, los sectores público y privado invirtieron en conjunto más de 950 millones de pesos para impulsar medidas de seguridad en la zona turística de Los Cabos, a fin de proteger la economía del estado, que depende del turismo.

Entre estas medidas, sobresalen:

• La instalación de más cámaras de vigilancia y seguridad,
• Un sistema de rápida respuesta que comunica a los autobuses locales y hoteles con la policía
• Nuevos protocolos de seguridad y capacitación
• Un nuevo centro de inteligencia para la Marina.

En Sinaloa se implementó el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2017-2021, que identifica las principales amenazas de la actividad delictiva para el estado, y estipulaba las acciones para aminorar los riesgos.

Aunque el programa se encuentra en su etapa inicial, establece estrategias de prevención dirigidas a la población. Y para desalentar la actividad delictiva y obtener información georreferenciada, plantea:

1. Un cambio institucional multisectorial.
2. Una mayor participación de la sociedad para prevenir y mitigar el delito.
3. La creación de zonas estratégicas de operación para impulsar la cooperación entre las policías a nivel estatal y municipal.

Y en Sonora, se fortaleció el trabajo de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro del Estado.

Además, el gobierno estatal, junto con la Procuraduría General de Justicia y el Instituto Sonorense de las Mujeres, diseñó un protocolo para prevenir la trata de personas, que contempla brindar información a jóvenes y a quienes están en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la autoridad ha puesto en marcha el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se apoya en programas sociales para disuadir las acciones violentas y delictivas.