La escalada de
violencia en México ha alcanzado incluso a las zonas más pacíficas del país.
Nuevamente, Yucatán
fue el estado más pacífico de México,
seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo
con los resultados del Índice de Paz
México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto
para la Economía y la Paz.
Sin embargo, el año pasado estos cinco estados registraron
un incremento en sus tasas de homicidios,
lo que concuerda con la tendencia
nacional.
De hecho, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo, presentaron un deterioro en sus calificaciones, lo que
advierte la necesidad de poner en marcha programas
específicamente creados para atender los retos locales.
CALIFICACIÓN A LA
BAJA
El IPM 2019 proporciona
una medición integral de los niveles de paz en México.
En su sexta edición, el estudio indica que Tlaxcala cayó del segundo al tercer lugar, ya que
su calificación general (1.390) tuvo un deterioro
de 5%.
El año pasado el único indicador que mejoró fue cárcel sin sentencia,
pues el número de personas en el estado privadas de la libertad sin una
sentencia condenatoria disminuyó de 237
a 213.
Los otros cuatro
indicadores (homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos con armas
de fuego y crímenes de la delincuencia organizada) se deterioraron, sobre todo delitos con violencia, que aumentó 12%
en 2018.
FOCOS DE ATENCIÓN
A nivel nacional, la tasa
de violencia intrafamiliar creció 5.7% en 2018, luego de que 20 estados
registraran alzas. Tlaxcala tuvo el mayor
incremento relativo, de 484%, al pasar de cinco casos por cada 100,000
habitantes a 28.5.
También la violencia
sexual aumentó 12.4% en 2018, y este resultado fueron consistente en 26 estados. Los mayores deterioros se presentaron en
Tlaxcala y Ciudad de México, ya que
sus tasas se incrementaron 177% y
64%, respectivamente.
En efecto, la tasa de
violencia sexual casi se triplicó al pasar de 73.9 casos por cada 100,000
habitantes a 204.9.
A pesar de que las tasas
de extorsión se redujeron en 87%, la tasa
general de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 16%.
Ello se debió a un incremento en la tasa de delitos relacionados con narcóticos y en la tasa combinada de secuestro y trata de
personas, que crecieron 106% y 56%, respectivamente.
Además, las tasas
generales de violencia con armas de
fuego y homicidios aumentaron más de 12%, de manera similar a la tendencia
nacional.
Pese a estos incrementos, Tlaxcala registró la menor tasa de crímenes de la delincuencia organizada
del país.
CAPACIDAD DE
RESPUESTA
Tlaxcala podría seguir el ejemplo de Baja California Sur, Sinaloa
y Sonora, los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019.
Sus gobiernos implementaron
programas multisectoriales, orientados a atender los retos estatales específicos, mismos que conllevaron a la
colaboración entre diversos actores:
gobierno, sociedad civil y el sector privado.
En Baja California
Sur, los sectores público y privado invirtieron
en conjunto más de 950 millones de pesos para impulsar medidas de seguridad en la zona turística de Los Cabos, a fin de
proteger la economía del estado, que depende del turismo.
Entre estas medidas, sobresalen:
- La instalación
de más cámaras de vigilancia y seguridad,
- Un sistema
de rápida respuesta que comunica a los autobuses locales y hoteles con la policía
- Nuevos
protocolos de seguridad y capacitación
- Un nuevo centro
de inteligencia para la Marina.
En Sinaloa se implementó
el Programa Sectorial de Seguridad
Pública 2017-2021, que identifica las principales
amenazas de la actividad delictiva para el estado, y estipulaba las
acciones para aminorar los riesgos.
Aunque el programa se encuentra en su etapa inicial, establece
estrategias de prevención dirigidas a la
población. Y para desalentar la actividad delictiva y obtener información
georreferenciada, plantea:
- Un cambio
institucional multisectorial.
- Una mayor
participación de la sociedad para prevenir y mitigar el delito.
- La creación
de zonas estratégicas de operación para impulsar la cooperación entre las policías
a nivel estatal y municipal.
Y en Sonora, se
fortaleció el trabajo de la Unidad
Especializada en el Combate al Secuestro del Estado.
Además, el gobierno estatal, junto con la Procuraduría
General de Justicia y el Instituto Sonorense de las Mujeres, diseñó un protocolo para prevenir la trata de
personas, que contempla brindar información a jóvenes y a quienes están en
situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la autoridad ha puesto en marcha el Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, que se apoya en programas sociales para
disuadir las acciones violentas y delictivas.