PRESENTARÁ ALEJANDRO ARMENTA INICIATIVA PARA CONVERTIR VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN A ELÉCTRICOS

OTROSDATOS.COM.MX

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, informó que presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de implementar el uso de motores de energías limpias, “incorporando la transición a los vehículos de combustión, por los sistemas de generación de energía eléctrica”.  

Destacó que sólo la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Puebla, Sonora y Sinaloa concentran 60 por ciento del parque vehicular de todo el país, lo que representa cerca de 18 millones de automóviles.  

“Con esta propuesta podremos lograr, con el aval de autoridades federales, estatales y municipales, la transición automotriz de motor de combustión a energía eléctrica”.  

Se trata, enfatizó Alejandro Armenta, de una iniciativa que “implica cero costos para el país, cero costos para los transportistas” y que, con la garantía de las participaciones federales, estatales y municipales, las empresas nacionales podrían acreditar la conversión de los motores de combustión en motores eléctricos. 

Además de que representa “un ganar-ganar, porque empresas que se están asentando en México” tendrían la posibilidad de desarrollar tecnología para la transición automotriz y empezar por el transporte público, que es la principal fuente de contaminación ambiental que padecemos las y los mexicanos. 

Incluso, dijo, para los transportistas representaría un ahorro por el consumo de combustibles derivados del petróleo, por lo que obtendría un ingreso mayor.  

Armenta explicó que este proyecto “significaría, en tres años, la conversión del transporte público en todo el país y, desde luego, una posibilidad de lograr que las cuatro zonas metropolitanas -que tienen mayor contaminación ambiental, según la propia Secretaría de Salud-, limpien su medio ambiente, por lo menos, en un 60 por ciento”. 

Insistió que es una propuesta trascendente que, en el marco de la reforma para que el Estado tenga rectoría del litio, implica tomar acciones para beneficio de la población, de los micro, pequeños y medianos empresarios del transporte, así como de la población y el cuidado del planeta.