LA MAFIA DEL PODER: LOS ORTIZ Y LA PROTECCIÓN DE SUS INTERESES POLÍTICOS

LUIS ROMERO

El anuncio del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Serafín Ortiz Ortiz, de separar de su cargo académico a Alejandra Ramírez Ortiz y Enrique Vázquez Fernández, fue una medida de contención a la crisis derivada de la denuncia presentada en su contra por agredir física y verbalmente a una mujer.

El pasado martes, la maestra Laura N. fue agraviada en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, donde los acusados intentaron -violentamente- que se desistiera de la demanda de pensión alimenticia a favor de sus dos hijos, procreados con Vázquez Fernández.

Lo personal trascendió a lo profesional -y lo político- cuando Alejandra Ramírez insultó, golpeó y amenazó a la ex pareja de su actual esposo, con la complacencia de éste, en las instalaciones de la UAT.

El asunto no es menor, y la familia Ortiz lo sabe.

Alejandra Ramírez, no solamente es sobrina del ex gobernador Héctor Ortiz, y el actual rector de la UAT, Serafín Ortiz. Es catedrática de esta institución, de la que presume el merecimiento del Premio Nacional a la Excelencia Profesional en 2020.

También, es Diputada Local de la LXIV Legislatura local, en la que fungió como Presidenta de la Mesa Directiva y actualmente ocupa la Presidencia de la Comisión de Educación.

Y por si fuera poco es dirigente estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC), posición desde la cual se adhirió al Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tlaxcala, encabezado por la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación de Morena, Claudia Sheinbaum.

En un contexto de adversidad para las oposiciones, los Ortiz vieron en el escándalo de su sobrina la mecha de un polvorín que amenazaría sus intereses políticos, de cara al 2024.

Recordemos que no son pocas las voces que se quejan del control que han ejercicio por años en la UATx, por lo que sumar otro caso de impunidad y abuso de poder avivaría expresiones de cambio al interior de la institución, aprovechando la narrativa -y la tendencia- de la Cuarta Transformación.

La suspensión de Alejandra Ramírez y su marido, sin goce de sueldo, es una medida temporal tomada por el Tribunal Disciplinario de la UATx hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado y los tribunales locales acrediten algún delito qué perseguir.

Con ello, se espera que, en el Congreso del Estado, no prospere algún recurso sancionatorio contra la legisladora local, y que tampoco se vea afectada alguna negociación de alianza o coalición rumbo al próximo año, por la denuncia en su contra. La posición que asuma al respecto la diputada Marcela González Castillo, Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política y Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, será determinante.

Es así que, en los hechos, la aparente “sanción” a la ahora impresentable catedrática de la Facultad de Derecho es, en realidad, una manera en que el clan Ortiz, que se niega a perder su influencia en el mapa político local, se protege para salvaguardar sus planes rumbo a un proceso electoral que parece ver el ocaso político de su heredera natural.