LA MAFIA DEL PODER: LA RAÍZ DEL RECLAMO SINDICAL

LUIS ROMERO

¿Cuál es la razón de las recientes inconformidades sindicales? El cambio unilateral en el otorgamiento de los servicios médicos a los trabajadores del Gobierno del Estado.

Los trabajadores activos, junto con los pensionados y jubilados, tanto en el sector burocrático como en el magisterial, han reclamado que, en opacidad, las autoridades hayan sustituido el otorgamiento de los servicios médicos vigentes establecidos con el contrato colectivo de trabajo.

Y las autoridades se animaron a hacerlo así, porque no se quiere reconocer la representación legal del Sindicato 7 de Mayo, que es la agrupación gremial mayoritaria.

Tradicionalmente, los demás sindicatos, los trabajadores de confianza, los pensionados y los jubilados, se han beneficiado de las negociaciones anuales entre el gobierno estatal y el 7 de Mayo.

Sin embargo, el actual gobierno ha tomado en sus manos las decisiones inherentes a los aumentos salariales y el otorgamiento de prestaciones, aprovechando que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje sigue dilatando el otorgamiento de toma de nota a la actual dirigencia sindical, elegida en asamblea por la mayoría de los agremiados.

En este punto, conviene advertir que el Estado de Tlaxcala no cuenta con un sistema de seguridad social integral para los burócratas y los maestros.

El sistema que actualmente opera ha sido implementado coordinadamente entre el gobierno y los sindicatos, y ofrecía, hasta julio pasado, que los trabajadores, los pensionados, los jubilados y sus beneficiarios, pudieran acudir a cualquier médico general o especialista, con la confianza de que el gobierno cubriría un pago del 71% en honorarios médicos o de laboratorio, o un 69 en prótesis y 100% en medicamentos.

Es decir, así se había convenido el otorgamiento de los servicios de salud a favor de 23 mil 457 empleados y ex empleados gubernamentales.

Pero el 30 de julio, representantes del gobierno estatal anunciaron que, a partir del 01 de agosto, entrarían en operación Módulos Médicos de Salud Integral, bajo el argumento de optimizar los servicios médicos, cubrir en su totalidad el abasto de medicamentos, y sanear y transparentar el nuevo modelo de atención.

Para ello, se sometió a licitación el otorgamiento de tales servicios, misma que ganó la empresa Operadora de Servicios Médicos ML. Y para atender a los trabajadores activos, el gobierno desembolsó 93 millones 100 mil 251.73 pesos, y para los pensionados, 12 millones 599 mil 966.40 pesos.

Los trabajadores están inconformes al considerar que se trata de imponer una empresa privada que, al parecer, subcontratará a otras para opera los módulos que estarán ubicados en Huamantla, Apizaco, Apetatitlán y Chiautempan. Además, los médicos especialistas serán quienes designen si los medicamentos serán genéricos o similares, y las hospitalizaciones de segundo y tercer nivel serán fuera del estado. Y llama la atención que, pese al fallo de la licitación, se mantendrán las farmacias en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en el bulevar Guillermo Valle.

La cuestión de fondo es que el régimen establecido en el último contrato colectivo, es decir, el firmado de 2021, sigue vigente hasta en tanto no se haya sustituido por otro, cosa que no ha sucedió.  

Entonces, el gobierno estatal impuso un nuevo esquema que no solo contraviene la normatividad, sino también los intereses de los sindicalizados.

Suponiendo, sin conceder, que la intención de las autoridades estatales es buena, al intentar garantizar la prestación de los servicios, lo cierto es que la manera en que lo hizo, a espaldas de los trabajadores, no fue la mejor decisión.