¡EXTRA, EXTRA! 4 TRASCENDIDOS

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UNO. Muy desafortunada resultó para el Gobierno del Estado la exhibición mediática de Juvencio Nieto Galicia, Coordinador Estatal de Protección Civil, quien deliberadamente alteró el emblema de la “Estrella de la Vida” en su uniforme oficial.

En días pasados, el servidor público se presentó a atender un incendio en el Municipio de Yauhquemehcan, donde, al parecer la empresa siniestrada no contaba con los permisos adecuados para su funcionamiento.

Y al dar declaraciones a los medios de comunicación, se apreció que, en su casco, sustituyó la “Vara de Esculapio” -ya sabe, el bastón rodeado por dos serpientes- por la silueta de una bailarina nudista de Table Dance. Su falta de sensibilidad fue tan grande como el estigma que pesa sobre Tlaxcala como capital mundial de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Tal vez para los elementos de Protección Civil estatal resulta gracioso hacer exhibiciones de machismo al cosificar el cuerpo de las mujeres, pero el raudal de críticas no se detiene, porque exhibe la incongruencia de un gobierno que, en público, se dice aliado de las mujeres, y en privado, tolera comportamientos de agresión a ellas, como el escándalo de acoso en el ITJ que derivó en el cambio del entonces director, en marzo de 2022.

Ya en el Congreso del Estado pidieron una investigación y hasta su despido. Entre activistas y defensora de los derechos de la mujer, la exigencia de sanción no es menor. Pero para el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, el tema se debe investigar. Y esta actitud de impunidad es la que da sentido a los señalamientos de las organizaciones sociales que acusan que la lucha contra la violencia de género en la entidad es mera simulación.

DOS. Y mientras “arde” el casco del titular de Protección Civil en el estado, la gobernadora Lorena Cuéllar viajó al El Vaticano para entregar al Papa Francisco el libro “Tlaxcala sí existe” al Sumo Pontífice y, de paso, promover el ultrapromovido Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023.

Los señalamientos en las redes sociales no se dejaron esperar, luego de que circularan fotos en las que se aprecia que la mandataria, acompañada de integrantes de su gabinete -como las titulares de Turismo y Bienestar-, visitó la Santa Sede. Y como es costumbre, la falta de transparencia respecto a los gastos que este tipo de actividades significan al erario público hace evidente tanto lo oneroso como lo excesivo de este viaje.

Oneroso, porque, con seguridad, los montos autorizados por la Secretaría de Finanzas en materia de viáticos al extranjero no se aplicaron. Y en exceso, porque no hay una motivación genuina de beneficio para el estado con esta actividad. Honestamente, el Papa sabe que “Tlaxcala sí existe”, y es muy poco probable que la presencia del turismo italiano en la entidad se incremente por dicho evento deportivo.

En 2019, el gobernador Marco Mena realizó una gira de promoción turística e industrial a Italia, y las razones para emprenderla fueron la conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, con una muestra artesanal, fotográfica y de video en El Vaticano, y una agenda de trabajo con inversionistas que, a la postre, derivó en la atracción de empresas.

En ese entonces, la diputada morenista Mayra Vázquez Velázquez -hoy titular de la Cossies- criticó ese viaje al estimar que en Tlaxcala había problemas de inseguridad que se debían atender. Y ahora que, por ejemplo, la actual administración estatal enfrenta balaceras en municipios turísticos, los diputados de Morena son complacientes con los excesos del gobierno en turno.

TRES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le corrigió la plana de nuevo a los diputados locales.

Pese a que, en los últimos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha impugnado diversas leyes de ingresos municipales por establecer cobros de derechos desproporcionados, el Congreso del Estado sigue incurriendo en vicios de inconstitucionalidad al aprobar normas que claramente desafían principios establecidos en la ley.

Los municipios solamente “revuelcan” el contenido de estas normas, y en la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el exceso de confianza en el trabajo de las comunas la hace dictaminar leyes que implican agravios para los contribuyentes, quienes deben hacer pagos sin auténtico amparo legal.

Ya en su momento el diputado Jaciel González Herrera había planteado sanciones para los municipios que persisten en estas prácticas anómalas, pero su planteamiento se quedó en la congeladora legislativa. Pero ahora que ha quedado abierto el nuevo Programa Legislativo para el actual periodo de sesiones, valdría la pena establecer mecanismos para impedir, de buena vez, que año tras año las comunas incurran en abusos basados en su ignorancia de la ley.

CUATRO. La Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, publicada el pasado 14 de febrero, entró en vigor el 15 de abril, pero ni los diputados que la aprobaron han acatado sus disposiciones.

Resulta que el Congreso del Estado tenía 120 días para hacer las reformas y adiciones a Ley Orgánica de la Administración Pública para armonizarla con la nueva legislación, y dicho plazo venció el 13 de agosto.

Por su parte, el Ejecutivo estatal debió crear el nuevo Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado el pasado 14 de junio, para que la Secretaría de Finanzas le otorgara los recursos necesarios para su instalación y funcionamiento.

Mientras tanto, la Junta de Gobierno de dicho Instituto debió celebrar su sesión de instalación a más tardar el 25 de abril, y emitir los reglamentos de la Ley y del Gabinete Social del Estado de Tlaxcala, así como del Reglamento Interior del Instituto, antes del 4 de julio.

Sin embargo, de todo ello nada se sabe. ¿Será que la acción de inconstitucionalidad que la CNDH promovió ante la SCJN tiene todo detenido?

Hay que recordar que dicha ley fue enviada por la gobernadora del estado al Congreso local, donde Morena y sus aliados no le cambiaron ni una coma, a pesar de que legisladores como el perredista Juan Manuel Cambrón o la priista Blanca Águila Lima anticiparon deficiencias que hoy son impugnadas, ya que, según la CNDH, el Congreso de Tlaxcala invadió facultades del Congreso de la Unión al tratar de reglamentar la materia de extinción de dominio, y también incurrió en una doble regulación sobre supuestos ya contemplados en la Ley Nacional.