¡EXTRA, EXTRA! 4TRASCENDIDOS

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1. Finalmente el gobierno estatal cedió a la presión.

En vísperas del arranque del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, el Sindicato 7 de Mayo informó sobre el logro de un acuerdo que establece “una nueva ruta” de diálogo con las autoridades estatales en torno al otorgamiento de sus prestaciones de salud.

La amenaza de realizar protestas y manifestaciones en el marco de la justa deportiva tuvieron efecto en la administración que encabeza Lorena Cuéllar, que finalmente aceptó una tregua con el sindicato de burócratas, que incluye el reconocimiento y vigencia del convenio laboral firmado entre el Sindicato y los tres poderes del estado, y la vigencia de los módulos integrales de salud hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que vence el contrato firmado por el Gobierno del Estado.

A través de redes sociales, el 7 de Mayo compartió la noticia, que fue secundada por un comunicado oficial en el que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Sergio González, pretendió presentar el reinicio de las mesas de diálogo como un logro de su gestión, cuando la realidad es que se trata de una expresión de la derrota moral de un gobierno que privilegia sus propios intereses.

Y el Campeonato Mundial de Voleibol se está aprovechando como una cortina de humo para hacer movimientos que conviene seguir de cerca.

2. La salida de Elia Sánchez de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt) tiene lecturas significativas.

Por un lado, ocurre en el contexto de un soterrado proceso de privatización de los medios estatales, pues tras la entrega de Radio Altiplano a El Heraldo de México cobra fuerza la versión de la que la señal de Tlaxcala TV también pasará a sus manos.

Por otro, se advierte una disminución notable de presencia beatricista en el gabinete estatal, ya que la renuncia de Elia Sánchez se suma al cese de Enrique Padilla como Rector de la UTT. Solamente queda un rostro visible de ese grupo político en la primera línea del gobierno: Eréndira Cova, titular de la Función Pública.

Hay versiones que apuntan que Elia Sánchez salió de la Coracyt por su desacuerdo con las decisiones tomadas en torno al futuro de los medios públicos estatales en Tlaxcala. Lo que es un hecho es que la administración estatal se queda sin un cuadro experimentado en este frente de gobierno.

Lo relevante, en cualquier caso, será conocer los alcances económicos y políticos de la determinación de arrendar las señales en poder del gobierno estatal. Al parecer, aún nadie se ha dado cuenta que el impacto que ello tendrá en el proceso electoral a favor de la 4T.

3. Y ya que se toca el tema de las privatizaciones, hay que poner atención en las maniobras legislativas que se emprenden en el Congreso del Estado a través de la bancada de Morena.

Primero fue la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, que presentó la diputada Marcela González Castillo, la cual, según un estudio técnico-jurídico elaborado por especialistas, plantea que el tratamiento de aguas residuales se realice mediante organismos operadores, con la posibilidad de concesionar el servicio, lo que hace probable el inicio de un proceso de privatización.

Ahora, el diputado Jorge Caballero Román plantea modificar la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, a fin de que la entidad cuente con condiciones normativas para otorgar concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y carreteras estatales, que estén debidamente sustentadas y reguladas, por un lapso no mayor a 30 años.

Al mismo tiempo, la enmienda busca la regulación de sistemas de transporte público de pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable, algo así como lo que promete el proyecto “Autotrén Tlaxcala”.

Ambas iniciativas prometen que la calidad de los servicios públicos se elevará, y que habrá beneficios colaterales como la creación de nuevas fuentes de trabajo temporal y permanente, pero el trasfondo de todo ello es abrir la puerta al capital privado.

El gobierno estatal ha ido por delante con el otorgamiento a empresarios de los hoteles Posada San Francisco y Atlihuetzía, así como Radio Altiplano, y los Módulos de Pensiones Civiles. Y a ello se podría añadir el traspaso de hospitales, clínicas y unidades de salud, patrimonio del estado, al nuevo OPD IMSS-Bienestar.

4. Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, la versión de la supuesta «traición» de Marco Mena al PRI debe entenderse en un contexto más amplio.

El ex gobernador Mariano González Zarur dijo que su sucesor fue “traidor” porque no dio continuidad a su estrategia de desarrollo y entregó Tlaxcala a Morena. Dos décadas atrás se dijo lo mismo del ex mandatario José Antonio Álvarez Lima, ajeno al sánchezpiedrismo, que entregó el poder al PRD.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó de “vil traidor” a Mena por aceptar la Dirección General de la Lotería Nacional. Unos días después, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se fue al PVEM, y su homólogo Eruviel Ávila no descartó hacer lo propio. Ambos, llegaron a la antesala de la 4T. Para ese momento, los exgobernadores de Sinaloa, Sonora, Campeche, y Quintana Roo, habían sido nombrado por el actual gobierno federal como embajadores y cónsules. Y en lista de espera estaba el de Hidalgo, y hasta se mencionó el del Estado de México.

Tiene razón Mena al afirmar que “Alito” se apoderó del PRI, y con ello propició el más grande cisma que el partido ha vivido en años recientes. Y también hizo bien en decir que no respondería a declaraciones que surgen de las vísceras y la frustración. El tiempo pone a cada cual en su lugar.