¡EXTRA, EXTRA! 4TRASCENDIDOS

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1. La senadora priista Anabell Ávalos Zempoalteca decidió exigir al gobierno estatal una “aclaración urgente” sobre los resultados de las revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha practicado a los recursos federales ejercidos en Tlaxcala.

Según la ex dirigente estatal del tricolor, las sumas observadas suponen opacidad y corrupción.

Tales señalamientos, evidentemente, tiene un trasfondo político, y por lo tanto son tendenciosos.

La también ex alcaldesa capitalina parece olvidar que la fiscalización es un proceso con normas y tiempos, y que también hay instancias responsables para sancionar abusos o negligencias.

Ella debería saberlo bien, pues, precisamente, durante su último año de gestión, la ASF identificó irregularidades financieras por 6.7 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf).

Si de congruencia se trata, Anabell Ávalos también debería aclarar la manera en que ejerció los recursos federales del ejercicio 2020, ya que la Auditoría de Cumplimiento 2020-D-29033-19-1402-2021 determinó que “el Municipio de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo, ya que no se ajustó a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos”.

2. Trascendió que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobará el registro de las fórmulas de candidaturas a integrantes del ayuntamiento de San Lucas Tecopilco que contenderán en el Proceso Electoral Local Extraordinario (PELEX) 2024, presentadas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”.

Destaca particularmente la relacionada con los comicios en San Lucas Tecopilco, donde la planilla de la coalición integrada por Morena, Redes Sociales Progresistas (RSP) y Nueva Alianza Tlaxcala es encabezada por una mujer para cumplir con el principio de paridad de género.

Así, quien se postula para el cargo de presidente municipal es Guadalupe García Cervantes, de RSP.

Esta decisión, al final de cuentas, responde a los nuevos tiempos en que las mujeres están en mejores condiciones para ocupar más espacios, como lo podemos ver hoy a nivel nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum; a nivel estatal con la gobernadora Lorena Cuéllar; y a nivel municipal, con más presencia femenina en los ayuntamientos.

Tales señales anticipan episodios de oportunidad para que las mujeres consoliden su papel en los ámbitos de toma de decisiones.

3. El trágico accidente ocurrido en la fábrica de Aceros SIMEC, en Xaloztoc, donde 12 personas perdieron la vida y una más resultó gravemente herida, puso a prueba la capacidad de las autoridades ante una emergencia de gran magnitud. Pero más allá de la respuesta inmediata y la atención a las víctimas, es importante hacer una reflexión sobre el ámbito de competencia en el manejo de este tipo de incidentes, particularmente en lo que respecta a la responsabilidad estatal y federal.

El accidente en la planta acerera ocurrió en un contexto complejo, ya que, aunque se encuentra en territorio tlaxcalteca, su naturaleza industrial y las circunstancias del accidente hacen que la responsabilidad para investigar y revisar sus condiciones sea principalmente federal, no estatal.

Esto se debe a que la regulación y supervisión de empresas de este tipo, sobre todo aquellas que manejan materiales peligrosos o que están bajo la supervisión de normas federales en materia de seguridad industrial, recae en instancias del gobierno federal, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.

A pesar de que la competencia sobre la investigación y el análisis de las condiciones laborales en Aceros SIMEC corresponde al gobierno federal, la respuesta del gobierno estatal fue inmediata, sensible y decidida.

Su intervención fue necesaria y válida en términos de apoyo a las víctimas y de garantía de justicia para las familias afectadas.

4. El cobro de 150 pesos por estacionar vehículos en las calles cercanas a la Feria de Tlaxcala ha generado un notable descontento entre los asistentes. Este precio, que algunos consideran excesivo, ha puesto en evidencia una práctica que involucra tanto a autoridades municipales como a particulares.

Por un lado, el negocio del estacionamiento parece estar bajo el control de los municipios de Totolac y Tlaxcala, pero la realidad es más compleja, ya que muchas personas han comenzado a ver las calles y los espacios aledaños a la feria como una oportunidad para hacer negocio, transformando incluso sus patios o las áreas frente a sus viviendas en estacionamientos improvisados.

Ciertamente, estos “espacios privados” se alquilan a precios algo más bajos que el cobro oficial, pero no dejan de ser una forma de sacar provecho de la situación, lo que advierte una falta de regulación en estos cobros, pues mientras los visitantes buscan opciones más económicas, se enfrentan a una especie de «mercado paralelo» que no siempre ofrece las garantías de seguridad o la transparencia que exige el público.