¡EXTRA, EXTRA! 4TRASCENDIDOS

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1. Morena va por todo rumbo a las elecciones de 2024.

Y su estrategia para apocar a la oposición es ir en paralelo con sus aliados, el PT y el PVEM, en los comicios federales venideros.

Cuando se daba por hecho una nueva edición de la coalición “Juntos haremos historia”, resultó que, para el oficialismo, es más conveniente que Morena y sus aliados vayan separados, a valores entendidos, por las diputaciones federales y las senadurías.

Ante el interés de la 4T de lograr mayorías legislativas que consoliden las reformas que convienen al régimen, la maquinaria electoral oficialista busca restar posibilidades al PRI, al PAN y al PRD, de ocupar escaños de mayoría y plurinominales en el Congreso de la Unión.

Y es que mientras la oposición no tiene más remedio que llegar unida a las campañas para ser competitiva, Morena se puede dar el lujo de prescindir de la alianza electoral, privilegiando la alianza política, para hacerse del control -y las decisiones- en las cámaras de Diputados y de Senadores.

Aprendiendo de las lecciones de los recientes procesos electorales y de las últimas integraciones de las legislaturas en el ámbito federal, Morena no quiere dejar nada al azar.

Por eso, el “Acuerdo por la Unidad para la Transformación” que la coordinadora nacional de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, encabezó en Tlaxcala, “amarró” a los dirigentes estatales del PANAL, el PAC, el PES y Fuerza por México, que están obligados a apoyar las decisiones de Morena, no solamente en las elecciones de Diputados Federales y Senadores, sino también de Diputados Locales, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad.

De cara al 2024, el PRI, el PAN y el PRD, están solos. Sus líderes dejaron de hacer el trabajo fino.

2. ¿Qué tienen en común Alfonso Sánchez García y Sergio González Hernández? Sí. Ambos integraron el gabinete de la gobernadora Lorena Cuéllar. También, ambos han manifestado su interés de formar parte de la fórmula al Senado de la República por Morena. Sin embargo, es aún más interesante que ambos hayan “cacareado” que se registraron en el proceso interno del Morena para lograr la nominación.

Y es interesante porque, al ofrecer evidencia de ello a través de sus redes sociales, quedan descartados para inscribirse a otros cargos de elección popular, dentro de las convocatorias de selección interna de candidaturas para el proceso electoral federal 2023-2024, en caso de no ver cumplidas sus aspiraciones.

La regla de Morena es clara en tal sentido, y el afán de protagonismo de ambos ex funcionarios estatales los llevó a quemar sus naves en el proceso interno de Morena. Otros aspirantes prefirieron guardar silencio al respecto, y seguramente usarán a su favor la discrecionalidad en dicho proceso para, eventualmente, negociar un Plan B, en caso de ser necesario.

Hay que recordar que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisará las solicitudes de inscripción, y valorará y calificará los perfiles, pero solamente dará a conocer las que sí son procedentes hasta enero de 2024. Es así que el partido de la 4T tendrá tiempo para conciliar intereses y evitar fracturas. Pero en el caso de aquellos que no cuidaron formas, únicamente les queda la de Jean Claude Van Damme: “Ganar o morir”.

3. Por cierto, la convocatoria al proceso de selección de morena para candidaturas al Senado establece prohibiciones a diversos funcionarios y representantes para participar en actividades de apoyo y/o propagandísticas relacionadas con este proceso a favor o en contra de cualquier participante.

Por ello, no deben expresar sus preferencias, y tiene que abstenerse de hacer pactos con facciones afines, para mantener una estricta imparcialidad durante el proceso.

La restricción incluye al Presidente de la República y a los titulares de su gabinete legal y ampliado, así como a los gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes, y a los alcaldes y presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel.

Pero también a los coordinadores de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena, a los directivos de todos los cuerpos legislativos federal y estatales, y a toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena, así como las y los integrantes de sus comisiones de Elecciones y de Encuestas.

Menos mal que le informaron de ello a la también Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, que parecía tentada a usar sus redes sociales para promover al aspirante a Senador de su preferencia. Un riesgo de impugnación menos para el “arquitecto”, quien debería salir a aclarar que sí tomó los cursos de formación requeridos para inscribirse en el proceso interno.

4. Mientras a la dirigente estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, le resultó más cómodo cuestionar políticamente la designación del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), un particular se animó a promover un recurso legal contra esta decisión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Sí. Políticamente, se puede criticar la reforma constitucional a modo para quitar el requisito de ser tlaxcalteca y tener una residencia mínima de siete años en la entidad. También, que el ex titular de Medio Ambiente sea “ahijado” de la mandataria estatal.

Pero legalmente, se puede combatir la designación, ya que hay indicios que suponen violaciones a principios constitucionales que le impedirían, no únicamente ser Secretario de Gobierno, sino también servidor público, pues es deudor alimentario.

Por ese motivo, ya hay una demanda de amparo ante la justicia federal. Al final, los ciudadanos terminan haciendo lo que los partidos políticos dejan de hacer por incongruentes, y su juicio también es implacable.

Si no, pregúntenle a la ahora diputada independiente Lorena Ruiz García, quien recientemente presentó su informe de actividades legislativas, presumiendo un trabajo a favor de los derechos de las mujeres y de garantizarles una vida libre de violencia, pero no se pronunció en tribuna por el nombramiento de Ramírez Hernández, pese a los señalamientos en su contra.

Era previsible que las activistas promotoras de la Ley 3de3 contra la violencia de las mujeres encontrarían el momento y el lugar para echarle en cara a la aún Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local que su discurso no se traduce en hechos, y que es cómplice de un sistema complaciente con los “violentadores” incrustados en espacios de poder.

Ahí está el caso de la propia diputada Alejandra Ramírez Ortiz, suspendida de sus actividades académicas en la UAT por agredir a la ex pareja de su esposo, pero victimizada a sí misma por la consecuente crítica mediática y social que mereció su actuar. Lorena Ruiz prefirió reconocer en redes sociales a su par, antes que fijar postura ante los penosos hechos que dan sentido a la percepción de que los políticos se sirven del poder en total impunidad.