¡EXTRA, EXTRA! 4TRASCENDIDOS

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1. En el equipo de Alfonso Sánchez García abrieron la billetera para apuntalar su postulación como candidato de Morena al Senado de la República por el Estado de Tlaxcala.

Entrevistas que se llevan la portada de publicaciones, comentarios positivos en espacios de opinión, pintas en bardas y accidentes geográficos, y hasta espectaculares, tratan de poner la imagen del ex secretario de Infraestructura en el ánimo ciudadano.

Debe llamar la atención que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CMIC, está metiendo las manos en el proceso interno de Morena al publicitar en su revista institucional al arquitecto de profesión.

Sánchez García ya no es responsable de la política de infraestructura en el estado; sin embargo, es presentado como tal en el órgano de difusión oficial de la Cámara que, supuestamente, representa los intereses de los industriales de la construcción.

Mientras los contrincantes del ex funcionario estatal analizan la posibilidad de señalar tal situación ante las instancias del partido, las autoridades electorales bien harían también en establecer medidas para impedir la inequidad en el proceso electoral a consecuencia de la inyección de capital privado en las campañas.

2. El proceso interno de Morena sigue dando de qué hablar, pues se teme que sea una mera simulación.

Si al partido le corresponderá valorar y calificar los perfiles de las personas que solicitaron su inscripción para ser registrados al proceso de selección para elegir a las y los candidatos a Diputados federales y Senadores, ¿no estamos en la antesala del “dedazo”? Eso es lo que se empiezan a cuestionar los aspirantes que solicitaron su inscripción, pero escapan a la órbita de los grupos de poder en la llamada 4T.

Según la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, hasta un máximo de cuatro registros por candidatura que participarán en las siguientes etapas del proceso. Y para ello, someterá a un estudio demoscópico a los aspirantes finalistas, realizada por la Comisión de Encuestas, que podrá contar con dos encuestas espejo realizadas por empresas de reconocido prestigio, para determinar la persona idónea y mejor posicionada para representar a Morena en la candidatura correspondiente.

Si se supone que el resultado de dicho estudio de opinión tendrá carácter inapelable, ¿qué pasará con los empeños de las y los aspirantes no favorecidos? Este es un tema que, de no operarse políticamente, podría generar fracturas de cara a las campañas electorales.

Tal vez por eso la ratificación de las candidaturas de mayoría relativa se hará hasta el día 24 de enero de 2024, y a más tardar el 31 de enero, para aquellas por el principio de representación proporcional. Tres meses para conciliar intereses “en lo oscurito” no está mal para los dirigentes del partido.

3. Se sabe que la prohibición del Ejecutivo para que las y los alcaldes participaran en el proceso interno de Morena para definir candidaturas a cargos federales también alcanzó a las y los Consejeros Estatales del partido.

A puerta cerrada, se trató de convenir que concluyeran sus respectivos periodos, sin descartar que, una vez culminado el proceso electoral, pudieran encontrar acomodo dentro de la estructura del gobierno estatal.

Sin embargo, ahora se sabe que no todos atendieron la instrucción, o que, en el peor de los casos, algunos tuvieron permiso para inscribirse.

Situaciones que esta demuestran que, aunque lo nieguen, en Morena hay militantes y simpatizantes de primera y de segunda, porque los privilegios existen y los intereses de grupo prevalecen por encima de los principios estatutarios.

4. Por fin, la oposición dentro y fuera del Congreso del Estado decidió manifestar su posición respecto al nombramiento del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como Secretario de Gobierno.

En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca; y en tribuna, la diputada priista Blanca Águila Lima, cuestionaron los efectos de la reforma al artículo 67 de la constitucional estatal.

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor consideró una falta de reconocimiento, y hasta de respeto, a las y los tlaxcaltecas que apoyaron el proyecto de Lorena Cuéllar y que tendrían la capacidad y el mérito para ocupar esa posición, la cual, ahora, está en manos de su ahijado.

Por su parte, la legisladora local advirtió que, si bien el Congreso aprobó la reforma que eliminó el requisito de ser tlaxcalteca y tener siete años de residencia en la entidad, no avaló el nombramiento de un personaje señalado por ser deudor alimentario, agresor, e integrante de un grupo político que trabaja para hacerse del poder en Morelos.

En sus respectivas deliberaciones, ambas políticas concluyeron con una interesante pregunta: ¿qué le debe la mandataria estatal a Ramírez Hernández -o a su grupo político- como para comprometer la imagen y el prestigio de su gobierno al designar a un personaje severamente criticado?

El grave precedente que se está sentando, al defender a ultranza un nombramiento desafortunado, hace patente que la voluntad de la gobernadora que se dice la más votada de la historia no tiene límites éticos ni morales, lo que, sin duda, es preocupante, en la antesala de las elecciones que marcarán el rumbo de Tlaxcala de cara al 2027.