¡EXTRA, EXTRA! 4TRASCENDIDOS

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1. El pasado martes, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, adelantó que la convocatoria para sus candidaturas, rumbo a las elecciones de 2024, estará abierta a ciudadanos, sin importar que no estén afiliados al partido.

Literalmente, declaró que todas las personas que acrediten un trabajo real a favor de la sociedad, y que sean valoradas por la ciudadanía, podrán participar sin exclusiones.

Por ahora, Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que plantea candidaturas ciudadanas, lo que permite suponer su interés por impulsar una cultura política de mayor participación.

Este contexto resulta relevante para leer la presencia en el Senado de la República del promotor deportivo Luis Antonio Herrera Pérez como invitado a la inauguración del “Museo Efímero de Jalisco”, organizado por el Gobierno de Jalisco con el respaldo de la bancada de Movimiento Ciudadano.

La publicación que Luis Antonio Herrera hizo en sus redes sociales, en la que aparece acompañado de Dante Delgado, así como de Refugio Rivas, y Roberto Jiménez, manda un importante mensaje de fortaleza política de cara al proceso electoral venidero.

La presencia de los líderes nacional y estatal del partido, y de su enlace regional para Tlaxcala y Puebla, permite anticipar que Movimiento Ciudadano ya tiene candidato a la Presidencia Municipal de Tlaxcala, donde el pésimo trabajo de Morena hará difícil a la 4T refrendar el triunfo de 2021.

2. Mientras el escándalo de la diputada del PAC, Alejandra Ramírez Ortiz, roba atención mediática, el proceso de designación de la persona titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) avanza con discreción.

Tan es así que a nadie parece haber llamado la atención que el sínodo encargado de conducir la etapa de evaluación de las y los 23 aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, se integra por tres profesionales de las ciencias sociales vinculados académicamente con El Colegio de Tlaxcala (Coltlax).

Si se trata de entrevista y evaluar a quien, por mandato constitucional, tiene la tarea de revisar y fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes, Ayuntamientos y demás entes que administran recursos públicos en Tlaxcala, vale la pena preguntar por qué no hay al menos un integrante del sínodo formado en las áreas económico-administrativas.

Emelia Higueras Zamora es Doctora en Desarrollo Regional por El Coltlax; y Pablo Ranchero Ventura, Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ambos se han desempeñado como profesores investigadores en El Colegio de Tlaxcala, de acuerdo a información pública. A ellos se suma Wilfrido Gutiérrez Ortiz, Doctor en Gobierno, Gestión y Democracia por El Coltlax, quien, en junio de 2022, presentó su tesis relacionada con la política de restauración de las aguas del Río Atoyac.

Sin restar mérito a los académicos, resulta cuestionable que la Junta de Coordinación y Concertación Política, que preside la diputada de Morena, Marcela González Castillo, no haya sido más cuidadosa y exigente para solicitar especialistas en finanzas y fiscalización. Por ello, no sobran razones para creer que el proceso es solamente de mero trámite para legitimar la llegada de alguien de las confianzas del régimen.

3. Por cierto, tras la depuración de la lista de aspirantes a encabezar el OFS, tres nombres destacaron como probables sucesores de María Isabel Maldonado Textle.

El primero fue, sin duda, Silvia Olivares Sánchez, ex titular de la Contraloría del Ejecutivo en el sexenio del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.

El segundo, el de Sergio Pérez George, quien fungió como Director Administrativo del Despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar; y el tercero, el del Arturo Lucio Salas Miguela, ex Tesorero de San Pablo del Monte, y asesor del secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa.

La titularidad del OFS es una posición sumamente estratégica para el gobierno en turno. La llegada de un personaje afín supone un control sutil sobre los entes fiscalizables, y hasta condiciones para negociar impunidad en torno al manejo irregular de recursos públicos. No es un secreto.

Lo interesante será saber hasta qué punto se cumplen los pronósticos, y a qué intereses servirá la persona surgida de un proceso dirigido, mismo que vino de una reforma constitucional que eliminó restricciones para aspirar a tal posición.

La pregunta de fondo es: ¿se fortalecerá el sanchezanayismo o el lorenismo tras la renovación en el ente fiscalizador?

4. Aunque lo niega el actual gobierno, es claro que su talón de Aquiles es la inseguridad. Tan es así que, en el Congreso del Estado, ni Morena ni sus aliados meten las manos al fuego por el trabajo que, en materia de seguridad pública, emprende el gobierno estatal.

Esta semana, la diputada Blanca Águila Lima, junto con los legisladores José Gilberto Temoltzin Martínez y Juan Manuel Cambrón Soria, solicitaron desde tribuna que la administración encabezada por la mandataria Lorena Cuéllar rinda cuentas sobre su estrategia de seguridad.

Para los congresistas de oposición, los cambios en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son indicativo de la falta de continuidad en los planes de esta importante área de gobierno. Y la incursión de grupos de la delincuencia organizada en territorio estatal, como lo sugiere la presencia de la Marina y hasta el contenido de “narcomantas”, amerita el llamado para hacer ajustes en las acciones que se llevan a cabo para contener el fenómeno delictivo, ya que la actitud que la autoridad asume al respecto es el de normalizarlo.

Lamentablemente, las autoridades estatales centran su atención en las cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubican a Tlaxcala entre los tres estados con menor incidencia delictiva. Y es lamentable porque dejan de lado otros indicadores, como la cifra de delitos no denunciados la percepción ciudadana de seguridad, que no son optimistas, pero son tanto o más importantes en la cotidianidad de las personas.

Y frente al cuestionado papel de los titulares foráneos de la SSC, Blanca Águila lanzó un cuestionamiento que pinta los alcances de la reforma constitucional que plantea Morena para quitar como requisitos, para ser Secretario de Gobierno, el ser tlaxcalteca de nacimiento y contar con una residencia probada de al menos siete años en la entidad: “Si con los secretarios de Seguridad que hemos tenido, oriundos de otras entidades, hemos tenido estrategias fallidas en este renglón, ¿qué nos esperaría con un foráneo al frente de la Secretaría de Gobierno, si toma esta delicada área encargada de la gobernabilidad, y, por si fuera poco, tuviera tres años de residencia?”.