LUIS ROMERO

El Gobierno del Estado de Tlaxcala ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2023, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De un total de 10 mil 310 metas propuestas en la Estructura Programática Presupuestaria, al 31 de marzo de 2024, se lograron 10 mil 302, alcanzando el 99.9% de las metas establecidas. Solo ocho metas quedaron pendientes, lo que refleja un avance destacado en el cumplimiento de los compromisos en materia de seguridad pública.

Durante 2023, el Estado de Tlaxcala contó con 3 mil 710 elementos policiales distribuidos en diversas dependencias, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía Municipal y el Sistema Penitenciario, y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) con un promedio de 2.2 policías por cada mil habitantes.

Este indicador supera la media nacional de 1.8 policías por cada mil habitantes, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que posiciona a Tlaxcala por encima de la media nacional en cuanto a la cobertura policial.

En cuanto a las adquisiciones, la compra de municiones fue verificada, y se constató que se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es el único proveedor autorizado en el país. La entrega y uso de estas municiones están en proceso, conforme a lo establecido.

A pesar de los retos inherentes a la seguridad pública, Tlaxcala reportó un índice delictivo de 2.7 delitos de alto impacto por cada mil habitantes en 2023, cifra que refleja la situación de seguridad en el estado. Sin embargo, en términos penitenciarios, la situación fue estable, sin reportarse sobrepoblación en los centros penitenciarios, con una ocupación del 94.4% respecto a su capacidad.

El informe de la ASF también resalta que, al 31 de diciembre de 2023, el gobierno estatal había comprometido y devengado el 99.9% de los 186.5 millones de pesos (mdp) asignados al FASP, lo que representa un manejo eficiente de los recursos.

De esta cantidad, se habían pagado 115.2 mdp (61.8%) al final del año, y para el 31 de marzo de 2024, el 99.9% de los recursos ya se habían pagado en su totalidad.

Los recursos del FASP 2023 se distribuyeron en seis Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con los cuales se busca fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en el país.

Entre los programas con mayor asignación de recursos destacan el Sistema Nacional de Información (42%), la Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (20%) y la Dignificación del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública (17.8%).

Por otro lado, los programas con menores asignaciones fueron aquellos relacionados con la atención a la violencia contra las mujeres (0.4%), la profesionalización de los elementos policiales (9.2%) y el fortalecimiento del sistema penitenciario (10%).

LUIS ROMERO

El Gobierno del Estado de Tlaxcala ha sido evaluado positivamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por su gestión de los recursos destinados a la seguridad pública durante 2023.

Según el informe de la ASF, la entidad cumplió en su mayoría con las normativas y disposiciones legales, logrando un manejo adecuado de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

En total, Tlaxcala recibió 186.5 millones de pesos (mdp) a través de este fondo, de los cuales se auditó una muestra representativa de 123 mdp, equivalente al 66% de los recursos transferidos.

Tras la revisión de estos recursos, la ASF determinó que, de los 10 aspectos evaluados, nueve no presentaron irregularidades, y el único señalamiento detectado fue corregido por el gobierno estatal antes de la emisión del informe final.

De acuerdo con los datos disponibles, al cierre del año 2023, Tlaxcala había comprometido y devengado el 99.9% de los recursos del FASP, alcanzando un total de 186 millones de pesos. De esta cantidad, el 61.8% (115 mdp) ya había sido pagado a la fecha de cierre, y al 31 de marzo de 2024, se logró la totalidad del pago.

El informe también subraya que el Gobierno de Tlaxcala cumplió con todas las normativas vigentes para la administración de estos recursos, entre ellas la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del FASP.

En cuanto al control interno, la ASF señaló que no hubo cambios significativos respecto a la evaluación del año anterior, por lo que se considera que Tlaxcala dispone de un sistema adecuado para garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, así como un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos.

Asimismo, el gobierno estatal cumplió con su obligación de transparencia, entregando puntualmente los cuatro informes trimestrales exigidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales fueron publicados en la página oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala y en el Periódico Oficial del Estado.

Tales informes detallan de manera clara el ejercicio, el destino de los recursos, los subejercicios y los reintegros, además de incluir un avance físico y financiero.

Este logro resalta el compromiso del Gobierno de Tlaxcala con la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido que, durante tres años consecutivos, la entidad ocupe el primer lugar nacional en términos de transparencia y ejercicio de los recursos del FASP, como lo ha manifestado la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

LUIS ROMERO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones legales en la distribución y pago de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) a los municipios de la entidad.

La auditoría revisó un total de mil 030 millones 893.1 mil pesos, que representaron el 100% de los recursos asignados para el financiamiento de obras y acciones sociales básicas destinadas a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

La auditoría, que forma parte del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, se llevó a cabo con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado.

En éste se resalta que el Gobierno del Estado dispuso de mecanismos de control adecuados para asegurar el cumplimiento de la normativa en el proceso de recepción, cálculo, distribución y pago de los recursos del FAISMUN a los 60 municipios del estado.

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia, al publicar de manera oportuna la fórmula de distribución y la metodología utilizada, así como los montos distribuidos a cada municipio y el calendario de ministraciones, todo ello dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Asimismo, las cifras publicadas en la plataforma de transparencia coincidieron con los pagos realizados a los municipios, lo que evidencia un proceso transparente y alineado con las disposiciones legales.

No obstante, la auditoría identificó áreas de oportunidad en los controles internos relacionados con el resguardo de la información vinculada al proceso de distribución del FAISMUN.

El informe señaló que la entidad fiscalizada no proporcionó documentación original (como los estados de cuenta bancarios) que respalde la recepción y los pagos a los municipios, además de no contar con un sistema informático que permita sistematizar el proceso de cálculo y distribución de los recursos, lo que podría mejorar la eficiencia y la trazabilidad de las operaciones.

En atención a los hallazgos observados, el Gobierno del Estado de Tlaxcala remitió un oficio con la información y documentación necesaria para atender las observaciones realizadas durante la auditoría. Este oficio fue recibido el 25 de septiembre de 2024 y está anexado al informe.

En conclusión, la ASF determinó que el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto a la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios, con excepción de las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de los procesos relacionados.