LUIS ROMERO
El desarrollo de los hechos violentos ocurridos la noche del pasado 8 de abril en la Sección Quinta de Zacatelco esconde sutilmente una situación preocupante para los pobladores del lugar: los mecanismos de control que algunos delincuentes han logrado establecer en la zona, ante la permisibilidad de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Hildeberto Pérez Álvarez.
La relatoría de los hechos consignados por diversos medios de comunicación permite identificar que, el domingo 7 de abril, ocurrió el robo de un tractocamión de doble semirremolque, del cual se pudo recuperar, con posterioridad, la unidad y uno de sus contenedores.
Al día siguiente, Antonio Hernández Portillo y Agustín Alonso Santacruz, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizaban un recorrido por la zona de Xitototla y, en un inmueble señalado de servir como sitio de resguardo de vehículos, autopartes y mercancías hurtados, lograron identificar una grúa que realizaba maniobras para mover un semirremolque que correspondía a las características del que había sido reportado como robado.
Los uniformados intervinieron y, tras solicitar refuerzos, buscaron la detención de varios sospechosos captados en flagrancia. Sin embargo, sólo lograron detener a uno, y el resto logró huir por la parte trasera del predio.
En ese momento, los policías presentes informaron sobre la detención de una persona, y pidieron la presencia de personal del Departamento Jurídico, por lo que se trasladó al lugar el policía Rubén Bernabé Rocha, quien sería el responsable de hacer la puesta a disposición correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras ello ocurría, los sospechosos que huyeron interceptaron al señor Manuel Marcos López Ortiz, quien operaba un taxi. Y al resistirse a ceder su unidad para facilitar el escape de los sujetos, fue baleado, lo que le ocasionaría la muerte al taxista en ese lugar. En sus ansias de salir de ahí, los maleantes dejaron a uno de los suyos, quien decidiría ingresar a un domicilio cercano para intentar evadir a las autoridades policiales, lo cual no conseguiría.
Para ese momento, ya se habían hecho sonar las campanas del templo de la localidad para convocar a la población que, evidentemente, desconocía la situación de los hechos.
Aunque las versiones apuntan a que el homicidio del taxista, vecino del lugar, fue el evento que detonó la molestia de la población, hay detalles que sugieren que, en realidad, fue el pretexto usado por los delincuentes de la zona para azuzar a la gente y distraer la atención respecto al hallazgo del semirremolque en el inmueble donde se hallaron autopartes y mercancías de presunta procedencia ilícita.
Esto explicaría la razón por la que la turba llegó, justamente, al punto donde se hallaba el personal de la SSC tramitando la puesta a disposición, para ejercer violencia contra los tres elementos que cumplían con su deber. Testimonios refieren que los pobladores iracundos lanzaron piedras contra los policías, y una de ellas impactó en la cabeza de Bernabé Rocha, quien quedó inconsciente.
La ventaja numérica y el grado de agresión hizo imposible que los elementos de seguridad pudieran resguardarse, por lo que, una vez en manos de los lugareños, fueron retenidos y golpeados.
En circunstancias similares, lo más lógico es que los pobladores exijan a la autoridad presente la entrega de los supuestos delincuentes para tratar de hacer justicia por mano propia. Incluso, requerir que integrantes de la localidad puedan cerciorarse que los sospechosos no sean liberados y que se garantice la acción de la justicia y todo el peso de la ley para impedir la impunidad.
Pero no sucedió así. Las personas agredidas fueron policías estatales que contribuían al esclarecimiento del robo de un tractocamión de doble semirremolque ocurrido apenas un día antes.
Cuando llegaron los refuerzos, y los mandos de la SSC intervinieron para rescatar a los policías y a los detenidos, hubo quienes intentaron condicionar la entrega de los oficiales a cambio de dejar a los presuntos ladrones, quienes, a diferencia de los uniformados, resultaron ilesos.
Curiosamente, entre la muchedumbre, había sujetos hostiles que alentaban a la violencia, aprovechando la presencia de mujeres y niños para limitar una acción frontal de las fuerzas de seguridad. También hubo hombres que impidieron que medios de comunicación y vecinos pudieran usar teléfonos celulares o cámaras para documentar los acontecimientos.
Para ese entonces, el cuerpo del taxista fallecido ya había sido trasladado a su domicilio, porque se les impidió a los cuerpos de emergencia, y luego al Servicio Médico Forense, llevar a cabo sus funciones, lo que también resulta contradictorio en un reclamo de justicia, al obstruir el auxilio para la víctima, así como el adecuado seguimiento de las investigaciones del homicidio.
La negociación entablada por representantes de la SSC con los pobladores permitió, eventualmente, sacar de la Sección Quinta, la zona considerada más segura de todo el municipio, a los dos sujetos detenidos, y a los tres policías duramente agredidos. Lamentablemente, uno de ellos, Rubén Bernabé Rocha, no soportó la gravedad de sus lesiones, y falleció al ingresar al Hospital General de Tlaxcala.
La Policía Municipal de Zacatelco brilló por su ausencia. Y como consecuencia de su evidente incapacidad para garantizar la seguridad de la población de la comuna, el Consejo Estatal de Seguridad acordó, en los primeros minutos del martes 9 de abril, la implementación del Mando Coordinado, para tomar el control de las tareas de seguridad pública y ciudadana.
Los sucesos suscitados en Xitototla motivaron que se anticipara la ejecución de una decisión ya tomada, pues ahora se sabe que este jueves 11 de abril se haría pública, debido a graves antecedentes de inseguridad que el Gobierno Municipal de Hildeberto Pérez no pudo -o no quiso- enfrentar, como el señalamiento de infiltración de “colombianos” en la policía municipal, en diciembre pasado.
Los disturbios ocasionados por un grupo de personas que incitaron a los pobladores motivaron que la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJ) se haga cargo de las investigaciones, en colaboración con la FGR, ante la posible comisión de delitos federales en los acontecimientos del día lunes.
En tanto, los asuntos de seguridad relacionados con Zacatelco serán atendidos coordinadamente con el establecimiento de Bases Operativas Mixtas, en las que participarán elementos de la SSC, la Policía de investigación de la PGJ, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
Y en medio del absoluto descrédito del permisivo gobierno de Hildeberto Pérez Álvarez, vale la pena preguntarse si realmente tenía el control de Zacatelco.