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La legisladora Diana Torrejón Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones al Código Civil en materia de violencia familiar.

En la vigésima quinta sesión ordinaria, la legisladora del grupo parlamentario del PRI planteó establecer un cuerpo normativo a las modalidades de violencia familiar y sanciones a la conducta que violente los derechos humanos de los integrantes de la familia, con la consecuente reparación integral del daño.

Dicha iniciativa tiene como objetivo proteger la vida de las mujeres y reducir sus muertes por violencia familiar o de género, al igual que el goce de los derechos de las mujeres y hombres, vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas para evitar la reincidencia de conductas que afecten la integridad y condición humana.

Torrejón Rodríguez consideró que debe ser indispensable la creación de un padrón de agresores, que permita reconocer los actos de repetición de conductas, a fin de que este cumpla el principio de máxima publicidad para efectos de la selección de personal profesional que se desempeñe en instituciones donde sea característica de prohibición para ser contratados por la misma causa.

Por ello, Diana Torrejón presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 168 Bis y 168 Quater, 168 quinquies, 168 sextus, 168 septimus, 168 octavus, todos del Capítulo II relativo a violencia familiar del Código Civil vigente en el Estado de Tlaxcala.

Así, se establece la obligatoriedad de las instituciones para brindar asistencia y protección en casos de violencia familiar y que serán los jueces de la materia los responsables de garantizar este derecho.

Torrejón Rodríguez consideró fundamental priorizar el interés superior de las víctimas al momento de brindar las medidas cautelares y de protección ante un hecho de este tipo, destacando que quienes incurran en el delito de violencia deberán reparar los daños y perjuicios de manera integral, acompañado de las sanciones correspondientes.