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Los avances del sector femenino en la política se ven minimizados por la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) afirmó este miércoles en Tlaxcala la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, al advertir que éstas tienen que sufrir por aspirar, hacer campaña y ocupar un cargo público.

Al dictar la conferencia magistral “A 70 años del sufragio de las mujeres. Retos y desafíos en el ámbito local”, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y en el que fueron reconocidas nueve mujeres tlaxcaltecas, incluidas la actual gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros y la exgobernadora y senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel, Humphrey Jordan expresó que el fenómeno de la violencia económica, psicológica, sexual, física, digital, mediática y por aspirar a ejercer un cargo público contra las mujeres, es evidente y debe combatirse.

En México, 11 mujeres son asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres; de ahí que, según el INEGI, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido un episodio de violencia machista, informó, lo que se traduce en que “50 millones de las mujeres en nuestro país han sido violentadas al menos una vez en su vida”, dimensionó a propósito de esta problemática nacional.

En el evento conmemorativo del 70 aniversario del voto femenino en el país, sostuvo que el INE ha promovido acciones contundentes para atacar la violencia política, primero haciendo un cambio cultural entre el sector femenino para identificar las diversas caras de este mal social y, luego, promoviendo, entre otras iniciativas, la Ley 3 de 3 contra la violencia adoptada por los partidos políticos para la postulación de sus candidatos y candidatas.

En tanto que mujeres organizadas, lograron la constitucionalización de la suspensión de derechos como ciudadano o ciudadana de quienes sean violentadores o violentadoras con sentencia firme.

Tras hacer un recuento histórico del movimiento sufragista a nivel nacional e internacional que inició con el pensamiento ilustrado de mujeres que impulsaron movimientos para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y, particularmente, el lograr la ciudadanía, el derecho a votar y a ser electas, Carla Humphrey destacó que los inicios de la lucha de la mujer vinieron desde lo local, aunque es precisamente en ese ámbito donde actualmente se tiene el mayor rezago.

Reveló que 18 estados de la República Mexicana nunca han sido gobernados por una mujer y apenas nueve mujeres ocupan la titularidad de los Poderes Ejecutivos locales, es decir el 28 por ciento de total nacional, lo que deja al sector femenino muy lejos de la paridad.

La Consejera anotó que a nivel municipal se tiene la deuda más grande en materia de paridad y el rezago más importante, primero, porque se tiene a las mujeres más violentadas de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, que establece que el 72% de los casos de violencia están a ese nivel.

Precisó que, de las dos mil 471 presidencias municipales, solamente 545 son encabezadas por mujeres; es decir, el 28%, igual que en gubernaturas.

Indicó que Tlaxcala se coloca en el 15% en materia de paridad, solo por arriba de Chiapas que tiene el 13%, cuando el promedio nacional está en el 28%, “éste último también bastante alejado de la paridad”.

Reconoció que los estados que pueden considerarse como paritarios son Baja California Sur, con el 80% de presidentas municipales, Quintana Roo con 63.6%; Colima el 60% por ciento; Ciudad de México 50%, Tabasco 47%.

La Consejera Humphrey, dijo que el panorama de la elección de 2024 será verdaderamente histórico, ya que por primera vez el proceso federal será concurrente con los de todas las entidades federativas, además de que será una elección donde estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular y, “hablando de mujeres, por el principio de paridad, al menos de la mitad de las postulaciones tendrán que ser para ese sector”.

Advirtió que México estará ante el mayor número de candidatas en la historia del país y será un reto importantísimo para las autoridades electorales, las que deberán poner a disposición de las mujeres todas las herramientas para que sepan que pueden ocupar cualquier cargo en su comunidad, en su municipio, en el estado y la federación, pero en contextos libres de violencia.

De ahí que, expresó, que es responsabilidad de las y los mexicanos involucrarse en la vida democrática de México combatiendo el abstencionismo y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus expresiones, así como permitiendo a éstas competir en igualdad de condiciones, en libertad y sin miedo por un cargo público.

Al evento conmemorativo realizado en el Auditorio Xicohténcatl de la capital del estado que encabezó el Presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, también acudió la Magistrada Anel Bañuelos Meneses, representante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); la diputada Mónica Sánchez Angulo presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, el Vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, J. Jesús Lule Ortega, así como las y los Consejeros y Consejeros Electorales del ITE.

La senadora Minerva Hernández Ramos reclamó al Gobierno estatal de Tlaxcala por la privatización de la radio pública, que hoy servirá como repetidora de una radiodifusora privada, dejando de lado el contenido creado por locutores y productores locales.

Desde su escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la legisladora federal lamentó que de manera inesperada Radio Altiplano, una de las radiodifusoras culturales más importantes de la región, que daba identidad a Tlaxcala, pertenezca a un grupo de comunicación privada, privilegiando la opacidad en el proceso.

En este sentido, cuestionó que hasta el momento no haya claridad respecto de las condiciones del otorgamiento de la concesión o arrendamiento, cuánto tiempo operará esta empresa privada en la entidad y qué ocurrirá con los trabajadores de la misma.

Asimismo, lamentó que el gobierno no haya informado a la audiencia ni a los trabajadores de la estación sobre la privatización de la señal, al tiempo que explicó que la radio es parte de la identidad del estado.

Hernández Ramos abundó que indagará sobre los alcances del convenio o contrato firmado entre el Gobierno de Tlaxcala y la empresa privada de comunicación, derivado de que se trata de una estación que pertenece a los tlaxcaltecas.

LUIS ROMERO

Luego de que el pasado 29 de septiembre, Radio Altiplano dejó de transmitir sus contenidos para dar lugar a la oferta programática de la frecuencia FM local al grupo de medios El Heraldo, con el aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el director general de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Salvador Hernández Garduño, consideró que la audiencia es “la gran perdedora” por el arrendamiento de la frecuencia XHTLAX-FM 96.5 FM a la empresa GA Radiocomunicaciones, por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Estimó que este arrendamiento, que de acuerdo a documentación oficial del IFT estará vigente dos años, es “una privatización en cierto sentido”, ya que se trata de una concesión para uso comercial que pasó de las manos del Gobierno del Estado de Tlaxcala a un gran consorcio mediático como es El Heraldo.  

Observó que, a pesar de que la ley no restablece una prohibición al respecto, “lo cierto es que ésta es una frecuencia añeja de finales de los ochentas que, de repente, de tener una lógica o visión pública se somete a la lógica o dinámica del mercado”.

Hernández Garduño opinó que, si bien la normatividad vigente permite este tipo de contratos de arrendamiento de frecuencias comerciales, “este tema marca un precedente muy lamentable en los medios públicos de radiodifusión”.

 Recordó que, por ello, en el posicionamiento que al respecto emitió SPR el pasado domingo, se subraya que la determinación de las autoridades estatales se aleja del interés colectivo, por lo que se cuestiona el sentido ético de dicha acción, misma que, “en tiempos de transformación”, no se guía por la máxima que debe guiar las decisiones públicas: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

“La gran perdedora en este tema es la audiencia de Radio Altiplano, una audiencia que ni quiera fue consultada del hecho. La ley no obliga a consultar a la audiencia, lamentablemente, y con un régimen de derechos de las audiencias un tanto convulso, como el que tiene el sistema jurídico mexicano, desde luego que no existen garantías de protección a estas, y quedan al arbitrio de decisiones muchas veces tomadas al calor del momento y bajo una lógica, en este caso, muy alejada del interés colectivo”, apuntó.