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1. La bancada de Morena en el Congreso local va con todo para tener control sobre las instituciones del estado.

Primero logró modificar la Constitución local para reducir, de dos años a seis meses, el lapso para que los servidores públicos o representantes populares que aspiraran a ocupar la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) pudieran participar en el proceso de renovación.

Incluso, se amplió el perfil profesional de los aspirantes, para no solamente fueran de las áreas económico-administrativas, sino también de las ciencias sociales.

Al validar la propuesta presentada por el diputado Rubén Terán, Morena y sus aliados abrieron la posibilidad de que el nuevo Auditor Superior guarde vínculos -familiares o jerárquicos- con quien encabeza el Poder Ejecutivo, incluso escenarios de conflicto de interés, ante la posibilidad de que se fiscalice los recursos que ejerció si estaba al frente de algún ente. Y a ello se debe advertir el riesgo de afectar la función técnica del proceso de fiscalización, si el perfil o la experiencia del aspirante no es congruente las labores de revisión sobre el uso, destino y comprobación del gasto público.

Morena, que es partido en el gobierno, tiene razones para controlar el OFS. Una de ellas, nos dicen, es el proyecto de movilidad “Autotrén Tlaxcala”, y otra, los Módulos Médicos de Salud Integral que sustituyeron el Módulo Médico y la Farmacia de Pensiones Civiles. No hay que olvidar que, ambos casos, se relacionan con licitaciones públicas e involucran recursos susceptibles de fiscalización. Y si a ello se agrega la inversión destinada a la organización del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023, nos dirían “piensa mal y acertarás”.

2. Y a la reforma al OFS, hay que añadir la que se pretende en la Secretaría de Gobierno (Segob).

Este martes, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca presentó un paquete de modificaciones a la Constitución local entre las que se encuentra la de reformar los requisitos para ser titular de esa dependencia.

Actualmente, la norma constitucional establece que, para esa designación, se requiere ser tlaxcalteca de nacimiento con una residencia de siete años al momento de la designación, pero bajo el argumento de que son requisitos “discriminatorios”, se plantea que el responsable de la política interna del estado “sea mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia, domicilio o vecindad -ojo, sin decir en dónde- de cuando menos tres años anteriores al día de la designación”.

La presentación de esta enmienda se esperaba desde la semana pasada, cuando trascendió que, una vez concluido el Mundial de Voleibol, Sergio González Hernández saldrá de la Segob para ceder su lugar al secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, oriundo de Morelos, quien también ha tenido a su cargo funciones de enlace con el Poder Legislativo.

Según Caballero Yonca, los requisitos de ser tlaxcalteca de nacimiento y de contar una residencia mínima de siete años, se definieron en “un momento y circunstancia histórica sumamente diferente” a las que actualmente se viven en México, donde ahora las narrativas de “transformación” o “nueva historia” hacen sentido a propuestas audaces que rayan en la provocación.

Y este es el caso de la reforma a la Segob, porque se trata del cargo público de mayor jerarquía dentro del gabinete estatal después del Gobernador; tan es así que el Secretario de Gobierno es quien se encarga de suplir al titular del Poder Ejecutivo, y la posibilidad de que un personaje ajeno al estado y a sus intereses ocupe la posición, sin duda, generará reacciones.

Al final, las reformas constitucionales que están modificando los requisitos y plazos de elegibilidad para la definición de puestos clave sólo expresan el sentido de las decisiones de quien despacha en Palacio de Gobierno.

3. Y ya que hablamos del OFS, el Congreso del Estado fue por delante y publicó la lista de los 40 aspirantes a ocupar el cargo de Auditor superior, en sustitución de María Isabel Maldonado Textle, a partir de noviembre próximo.

Se registraron Silvia Olivares Sánchez y María Maricela Escobar Sánchez, quienes ocuparon la Contraloría del Ejecutivo en los sexenios de Alfonso Sánchez Anaya y Marco Antonio Mena; José Paredes Tlachi, ex Director de Administración y Finanzas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala; Dagoberto Nicolás Hernández Nava, ex Director Administrativo del Colegio de Bachilleres (Cobat); Enrique Huitrón Sánchez, ex Jefe de Sección en Tesorería del Tribunal Superior de Justicia; y Joel Trinidad Ordóñez Carrera, ex Auditor Especial de Cumplimiento del OFS.

También, Arturo Lucio Salas Miguela, ex Tesorero de San Pablo del Monte; Demetrio Netzáhuatl Conde, ex Tesorero de Amaxac; y Gustavo García Báez, ex Tesorero de Yauhquemehcan, así como Lucero Cuatepotzo Sánchez, Maestra de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Levinia Donaji Pérez Lira, quien llegó a la Subdelegación del IMSS en Tlaxcala; Andrés Temoltzin Teomitzi, quien ocupó la Jefatura de la Unidad Jurídica del Contraloría del Ejecutivo y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas; y Martín Hernández Bautista, quien en 2006 impugnó la convocatoria para Auditor Superior.

Algunos de los aspirantes han venido haciendo carrera en el OFS, como Armando Mendieta Cahuantzi, Héctor Escobar Pluma -por cierto, Secretario Particular de la actual titular-, Tomás Ortega Corona, Mauricio Arturo Ahuactzi Paredes, Jaime Víctor Fernández Derreza, Karina Vianey Cabrera García, Cruz Martín Pérez Zecua, Lorena Hernández Montiel, Angélica Juárez Castillo, y Luis Felipe Camilo Fuentes.

Otros, pasaron por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), como Germán Mendoza Papalotzi, quien fue Secretario Ejecutivo; José Marcial Flores Gómez, que fue titular del Órgano Interno de Control; y Yaneth Miriam Romano Torres, quien estuvo en la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización.

Unos más trabajaron en el Congreso del Estado, como Germán Vega Ordóñez, ex Representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y Severo Nava Acoltzi, ex Secretario Técnico de la Comisión del Trabajo; o participaron en política, como Jorge Omar Muñoz Lugo, ex Candidato de Impacto Social Sí a Diputado Local por el Distrito VI; y Said Corona Torres, Ex Candidato del Partido Encuentro Solidario a Diputado Federal por el Distrito II.

Pero llaman la atención los nombres de servidores públicos del actual gobierno estatal, como Sergio Pérez George, Director Administrativo del Despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar; Óscar Lobatón Corona, Subdirector Jurídico del Cobat, quien también fue representante de Cuéllar como Gobernadora electa; Rocío Castillo Rodríguez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno; y Miriam Montiel Morales, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Medio Ambiente.

El resto de personas inscritas en el proceso de selección fueron Armando Netzáhual Conde, Pedro Alejandro Hernández García, Joel Hernández Lara, Rubén Cano Palacio, Rogelio Cuateta Sánchez, y Miguel Ángel Roldán Peña.

El próximo 16 de octubre se publicará en estrados la lista de quienes cumplieron con los requisitos y podrán seguir en el proceso de designación.

¿Quién será el “tapadito”?

4. Sucedió a su salida de Palacio Nacional, tras sostener una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros declaró que la trata de personas dejó de ser un problema grave para la entidad, considerada como “cuna” de este delito. Y sostuvo que su administración ha detenido a muchas bandas “del pasado” dedicadas a esta actividad delictiva.

Sin embargo, al cuestionarle que sobre los señalamientos de agrupaciones que insisten en la existencia y la gravedad del problema, respondió que “existe en todas partes”, pero que en Tlaxcala “muchas de esas viviendas que anteriormente eran de tratantes hoy están vacías”.

La manera en cómo las autoridades abordan la dimensión del fenómeno de la trata de personas, al reducirla a denuncias o detenciones, expresa una falta de sensibilidad que indigna a las asociaciones civiles y colectivos que han luchado por visibilizar este crimen en el contexto de dolor de las víctimas, y por combatirlo de raíz, mediante políticas trasversales que, además de seguridad y justicia, abarquen educación, cultura y salud.

Desafortunadamente, “al ojo del amo engorda el caballo”, y aunque desde la sociedad civil hay evidencia de la cruda situación de la trata, desde la comodidad del gobierno no hay dudas que ya quedó en el pasado porque sus cifras lo dicen.