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Resulta sumamente preocupante la insistencia por parte del poder ejecutivo estatal en minimizar la grave problemática de trata de personas, especialmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que se perpetra en el estado de Tlaxcala, aunado al evidente desconocimiento de la legislación en la materia, lo cual se mostró en la reciente comparecencia de la Procuradora General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, en el Congreso estatal.

El 30 de enero del año en curso, la Procuradora compareció respecto a la glosa del primer informe de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, frente a la Comisión ordinaria de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción social de la LXIV Legislatura. En dicho evento la funcionaria estatal colocó aseveraciones y datos contradictorios, que mostraron una limitada, incapaz y reducida visión del abordaje de la problemática de trata de personas, evidenciando un actuar negligente el cual no corresponde a las obligaciones que la ley en la materia establece para las instancias encargadas de procurar justicia (que en casi todo el país son Fiscalías Autónomas, pero en Tlaxcala, es Procuraduría aún dependiente del Poder Ejecutivo).

Ernestina Carro refirió: “por cuanto hace al delito de trata, evidentemente reconocemos el fenómeno, no lo evadimos. En el 2018 se obtuvieron 21 casos, en el 2019, 15 casos, en el 2022, 1 caso”. Si bien dice que desde el poder ejecutivo reconocen la problemática, a la par señala que hubo solo un caso el año recién terminado. Esta visión se reduce a la existencia de una carpeta, no a la presentación de denuncias, ni mucho menos al abordaje de un problema que por un lado es difícil de denunciar, pero que, por otro, es tan patente en nuestro contexto que la Procuraduría tendría que iniciar carpetas de oficio, y hacer análisis de contexto, como se lo confiere la ley.

Ahora, en el Centro “Fray Julián Garcés”, a través de recursos de acceso a la información tenemos conocimiento de que: a) en 2021 la PGJE recibió 79 denuncias por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mientras que abrió 2 carpetas de investigación, y atendió a 33 víctimas por denuncia presencial; y, b) de enero a mayo de 2022, recibió 37 denuncias por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mientras que no abrió -hasta esa fecha- carpetas de investigación, y atendió a 14 víctimas por denuncia presencial. No contamos con los datos completos de 2022, dado que fueron solicitados el 5 de diciembre del año pasado, sin embargo, la Procuraduría no los proporcionó, argumentando que la información ha sido reservada.

Aun así, con los datos que tenemos a la mano, y frente a aseveraciones de la propia Procuradora en la comparecencia, surgen dudas. La funcionaria señaló: “¿En qué momento ya nosotros consideramos que es un asunto de trata? Cuando tenemos ya a un probable responsable y a una víctima”. Lo anterior lo refirió en el marco de las denuncias que reciben al 911, pero aplicado a la lógica general, entonces en 2021 debió haber al menos 33 casos, y hasta mayo de 2022 al menos 14 casos de trata, dado que, de acuerdo con información de la propia PGJE había víctimas denunciando, sin embargo, esto no aparece en su numeralia.

Ahora, Tlaxcala es un estado de origen no solo de víctimas, sino particularmente de redes de tratantes, que tienen operaciones nacionales e internacionales, debido a ello, año con año se extraditan tratantes de origen tlaxcalteca a Estados Unidos. Si en el estado de Tlaxcala hay una incapacidad de investigar eficazmente para sancionar a las redes de trata, se entiende entonces por qué las víctimas no quieren denunciar y por qué las redes tlaxcaltecas continúan con sus operaciones.

De la comparecencia retomamos otros dos elementos -de muchos- que nos alertan: la Procuradora refirió que en la PGJE no tiene ninguna carpeta por delincuencia organizada, porque eso lo atiende la Fiscalía General de la República, y si bien esto es cierto en un sentido limitado respecto a estricta apertura de carpetas, lo que muestra en su discurso público es que no comprende aún que la trata de personas es delincuencia organizada, tal como lo refiere la legislación internacional y nacional en la materia.

Por otro lado, en cuanto a la prevención de la trata, refirió “sí participamos en la prevención a partir de la investigación”, mostrando con ello un desconocimiento de las leyes Estatal y General en la materia, así como del Programa Estatal contra la trata de personas, donde se asientan las acciones de prevención, de las que el conjunto de instituciones que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, tiene que estar al tanto, aun cuando las mayores competencias no recaigan en su institución. Si no hay una visión integral de la política, no se puede avanzar en la atención de esta grave problemática.

Por todo lo anterior, afirmamos que hay una negligencia en el Poder Ejecutivo, mostrando incapacidad profesional para atender la trata de personas, y por tanto exigimos:

1. Se publiquen estadísticas reales y coherentes sobre la problemática.
2. Se detenga la minimización de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual por parte del ejecutivo, que no hace otra cosa que mostrar incapacidad, sino es que presunta complicidad con las redes de tratantes.
3. Se ejecute la política pública establecida en el Programa Estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027.
4. Se capacite a las y los funcionarios en torno a la legislación y políticas públicas referentes a la trata de personas; se les sensibilice, y realicen un análisis de la realidad para comprender lo que es tan evidente en su propio estado.

¡Nos queremos libres de trata!