LUIS ROMERO
Ante la contingencia sanitaria por Covid-19, los gobiernos estatales, al igual que el Gobierno federal, requieren diseñar planes de reactivación económica que sean suficientes y estén alineados a las necesidades que surgen de la emergencia sanitaria.
Necesitan verdaderos planes de rescate encaminados a apoyar a las familias, los trabajadores y los negocios que hagan posible la subsistencia y la posterior recuperación económica.
“No se trata de dar continuidad a lo que ya estaba planeado, ni de plantear acciones que se harán efectivas hasta el final de la contingencia”, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al plantear a los gobiernos en México ocho propuestas para enfrentar la los efectos negativos asociados a la pandemia.
Ante la crisis económica más seria de las últimas décadas, el IMCO considera que los estados deben implementar medidas extraordinarias y hacer un esfuerzo excepcional con la forma en que se dirige la política social y tributaria.
Por ello, propone a los gobiernos estatales:
1. Diseñar un plan de reactivación económica estatal integral que contemple un abanico de acciones que ofrezca certidumbre y ayude a contener los efectos de la crisis para familias, trabajadores y empresas. De las 10 medidas listadas en el gráfico, el promedio por estado es de únicamente tres acciones implementadas.Se deben explorar e implementar más líneas de acción que complementen las actuales. Los gobiernos aún están a tiempo de diseñar e implementar medidas de rescate y recuperación.
2. Identificar las necesidades más urgentes de la población de acuerdo a las características sociodemográficas, de vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria y la estructura económica local. Las acciones deben permitir que las familias mantengan sus ingresos laborales, remesas y otros relacionados con el emprendimiento informal. Los trabajadores deben contar con algún tipo de seguro de desempleo temporal, especialmente aquellos que laboran en sectores más afectados como el turismo, los hoteles, restaurantes, espectáculos y servicios recreativos. A las empresas se les debe apoyar con liquidez con el objetivo de mantener puestos de trabajo, lo cual implica hacer transferencias y apoyos fiscales directamente a las nóminas y condicionados a reducir al mínimo los despidos.
3. Limitar el uso de dinero en efectivo en la distribución de apoyos económicos a familias y pymes. Las transferencias directas utilizando cuentas bancarias, tarjetas prepagadas y servicios de dinero móvil son una alternativa eficiente para hacer llegar los recursos a la población y permiten que puedan gastarlo en sus necesidades particulares. Es preferible que este tipo de apoyos llegue a través de monederos electrónicos, a través del uso de las redes instaladas de distribución de programas sociales para evitar al máximo el uso de dinero en efectivo.
4. Hacer uso de herramientas de medición de vulnerabilidad ante el riesgo de contagio para dirigir las inversiones en servicios de agua, saneamiento, acceso al sector salud y otros servicios públicos que puedan reducir el riesgo de propagación una vez que termine la primera ola de contagio.
5. Ampliar la capacidad de los apoyos ya existentes. Diversos estados de la República ya cuentan con programas de ayuda a sectores vulnerables y financiamiento a mipymes que están disponibles de manera regular para la población. No obstante, la emergencia requiere de asignar mayor presupuesto a estos rubros. Esto también implica hacer una revisión de las posibles fuentes de financiamiento de corto plazo, como la deuda. Los Ejecutivos locales deben trabajar en coordinación con sus congresos para agilizar el proceso de búsqueda de mecanismos de financiamiento y reasignación presupuestaria.
6. Coordinar acciones con los gobiernos municipales y contemplar los apoyos federales existentes con la intención de complementar esfuerzos en vez de duplicarlos.
7. Transparentar la manera en que los recursos se ejercen, de dónde salen y hacia dónde se dirigen. Tener un correcto control de los padrones de beneficiarios evita actos clientelares, malversación de recursos y actos de corrupción.
8. Facilitar a la población de mayor vulnerabilidad económica el cumplimiento del #QuédateEnCasa. En la medida de lo posible, las acciones de apoyo deben estar diseñadas para que la gente no tenga la necesidad económica de salir a la calle y evitar aglomeraciones en las oficinas, lugares de trabajo y transporte público.