OTROSDATOS.COM.MX

En la máxima tribuna, el legislador Jaciel González Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la LXIV Legislatura, presentó ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Con esta reforma se busca conocer el origen y destino de la captación de recursos públicos para su posterior identificación, administración, y control del mismo, así como la sanción en caso de un desvío de la conducta por quien tiene la obligación de cuidar los citados recursos de manera objetiva y transparente ante la sociedad.

Cabe señalar, que con esta reforma que se pretende realizar es para los denominados delitos de riesgo, también llamados de peligro, que son  tipos penales en los que el Estado reacciona imponiendo el castigo penal no ante la causación de un resultado material de daño o lesión sino ante el peligro de que ese daño material o lesión aparezca, o lo que es lo mismo, ante la probabilidad o la amenaza de la destrucción o menoscabo de aquello que quiere proteger, es decir, del bien jurídico protegido.

El diputado Jaciel González Herrera aseguró que, “se busca que todas y cada una de las actuaciones que realizan los servidores públicos, sean lo mayor transparente posible respetando el marco legal en su actuación, y sancionando no sólo en el ámbito administrativo de su proceder sino también imponiéndole sanciones que inhiban que se desvíe de su actuar objetivo como servidor público, cumpliendo con la obligación de informar de manera oportuna de cuál fue el destino de dichos recursos.”

Asimismo, señaló que no se debe olvidar que el peligro es mayor, cuando la subjetividad de quien toma decisiones en el ámbito administrativo sustituye la objetividad esencial de la función pública. Así, el principio de lesividad del bien jurídico debería imponerse como garantía en lo penal frente a la posible arbitrariedad administrativa sancionatoria en ese sentido, junto al Derecho de las infracciones administrativas se encuentra el Derecho penal en sentido estricto, el cual une a la sanción un reproche ético-social y, a la vez ofrece la posibilidad de someter al autor a una pena privativa de libertad.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.